Editorial
martes 18 de abril de 2017, 02:00

Trampa para la impunidad

Enrique Vargas Peña

Horacio Manuel Cartes Jara por tercera o cuarta vez renunció ayer a su ansiada reelección, en la tercera o cuarta trampa que viene haciendo para engañar al pueblo paraguayo, esta vez, entre otros objetivos deleznables, para ocultar su responsabilidad en la represión que terminó en el asesinato de Rodrigo Quintana.

La actuación de los fiscales en el caso del asesinato de Rodrigo pretende que creamos que los cuerpos operacionales de la Policía Nacional tienen autonomía para decidir solos, por sí y ante sí, dónde, cuándo y cómo actúan; pretende que creamos que los agentes de la Policía pueden sacar armas y equipamientos a voluntad y sin registro y pretende que los agentes sujetos a órdenes judiciales pueden burlar a sus superiores como si estos fueran ciegos, sordos y mudos.

Es decir, la investigación de los fiscales es un absurdo que quiere que los paraguayos creamos que la Policía Nacional es una suerte de caos anárquico en el que cada uno anda por su cabeza; sin embargo, todo el país sabe que ella, la Policía Nacional, es una de las corporaciones mejor organizadas, más jerárquicas y especialmente verticales de nuestra República.

La investigación fiscal pretende que creamos sus absurdos a pesar de los hechos en contrario que se evidencian a diario sobre la organicidad de la Policía; pretende que creamos sus absurdos a pesar de que contradice a nuestra Constitución y a sus leyes reglamentarias y pretende que los creamos a pesar de la suma de hechos que en el caso de Rodrigo van en la dirección exactamente opuesta, y lo pretende porque los fiscales tienen la orden de proteger al responsable político principal de los hechos que culminaron en el asesinato: Horacio Manuel Cartes Jara.

Cartes es el jefe institucional de la Policía por imperio de nuestra Constitución y de sus leyes reglamentarias, su responsabilidad es por acción o por omisión: En el supuesto dudoso y, en realidad, fantasioso y mentiroso de que no haya generado las directivas operacionales que terminaron en el asesinato de Rodrigo Quintana, Cartes sería igualmente responsable por permitir el desquicio policial que los fiscales que investigan el crimen quieren que creamos que existe.

El presidente de la República, Cartes o cualquiera, tiene la obligación constitucional de impedir desquicios en las instituciones del Estado y si no lo hace no está desempeñando sus funciones con competencia, eficacia y eficiencia y debe ser destituido por inútil, como manda el artículo 225 de nuestra Constitución.

Si Cartes no dio las directivas que terminaron en el asesinato de Rodrigo Quintana, entonces es un inútil cuya incompetencia está poniendo la vida de los paraguayos en manos de una entidad fuera de control.

El fiscal general, Javier Diaz Verón, cómplice político de Cartes en la búsqueda de su propia permanencia en el cargo, cuyo hermano fue el encargado de pedir la perpetuación del presidente en la convención de la Asociación Nacional Republicana (ANR, partido Colorado) del pasado 29 de octubre, está alentando esa línea absurda de investigación del asesinato de Rodrigo Quintana para exculpar a su cómplice Cartes, sin darse cuenta que al hacerlo confirma que el presidente no es competente para el cargo.

En realidad, hay elementos suficientes para fundar la convicción de que Cartes Jara dio las directivas para la represión que acabó en el asesinato de Rodrigo Quintana y la perversa pretensión de los fiscales de desviar la atención y de obstruir la investigación solamente confirman el nivel de abyección suprema a la que han llegado ellos y su jefe, Diaz Verón, permitiendo que quede impune el derramamiento de sangre paraguaya en el siniestro camino de Cartes Jara hacia su dictadura.

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